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La perspectiva de cambios políticos trascendentes a partir del 2020 en las Américas nos impulsó a organizar una tercera temporada del proyecto Alternativa Latinoamericana que veníamos desarrollando desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado. Intuíamos la proximidad de eventos electorales que podías ser trascendentes.
No nos equivocamos. Acertamos en cuatro pronósticos que permitían pensar en la apertura de nuevos espacios para la acción política progresista en la región. En efecto, en noviembre del 2021 ganó Gabriel Boric la Presidencia de Chile. Meses después, en junio del 2022, fue electo Gustavo Petro Presidente de Colombia. Y en octubre del 2022 Lula da Silva derrotó a Bolsonaro en Brasil. Antes, en noviembre del 2020 Joe Biden había derrotado a Donald Trump en los Estados Unidos.
Con las particularidades propias de cada país, se conformaba una nueva realidad política que ponía la construcción de Estados de Bienestar a la orden del día.
Formulamos así el proyecto “Hacia la reconstrucción de Estados de Bienestar en las Américas” que hemos venido desarrollando a través de encuentros presenciales en Sto. Domingo, Guadalajara, Santiago de Chile, São Paulo y Bogotá con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Open Society Foundation (OPS) y más recientemente la Friedrich Eber Stiftung (FES).
Durante el gobierno de Gabriel Boric (2022–2025), la seguridad pública se convirtió en una de las principales preocupaciones ciudadanas y desafíos para el Ejecutivo. Si bien las tasas de victimización se mantuvieron en niveles relativamente bajos respecto a gobiernos anteriores, la percepción de inseguridad alcanzó cifras récord, impulsando una agenda marcada por la presión mediática y legislativa. El gobierno respondió con la promulgación de 69 leyes en seguridad, el mayor número desde 1990, centradas principalmente en regulación penal, fortalecimiento institucional y control del crimen organizado.
El informe destaca cuatro ejes centrales: inteligencia y coordinación interinstitucional, uso de nuevas tecnologías, persecución del crimen organizado y descentralización con mayor rol municipal. A pesar de avances importantes, como la creación del Ministerio de Seguridad y el Plan Nacional de Seguridad Pública, persisten tensiones por la falta de reforma policial estructural, la sobrepoblación carcelaria y una implementación territorial desigual.
En territorios como la provincia de Arauco, la normalización del estado de excepción refleja la dificultad del Estado para abordar conflictos complejos sin recurrir a medidas extraordinarias. En suma, el gobierno ha iniciado un proceso de reordenamiento institucional en seguridad, con una dirección más estratégica y democrática, aunque aún enfrenta importantes desafíos para consolidar resultados sostenibles y efectivos.